PLUSVALÍA MUNICIPAL

Plusvalía municipal

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado en una reciente Sentencia la inconstitucionalidad del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía Municipal) en la venta de inmuebles con pérdidas económicas.

La Sentencia recuerda la doctrina del TC de que en ningún caso el legislador podrá establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial.

En el mismo sentido indica que no podrá crear impuestos en los supuestos que la capacidad económica gravada por el tributo sea inexistente virtual o ficticia.

En conclusión, no procede el impuesto de plusvalía en aquellos casos que se haya vendido el inmueble con pérdidas económicas, y, en todo caso, de haberse pagado, procede su devolución.

En principio ello puede retrotraerse a todas las plusvalías de ventas efectuadas con pérdidas económicas dentro de los cuatro años inmediatamente anteriores a la sentencia.

Pese a la claridad de la sentencia, no cabe esperar el cumplimiento voluntario o de oficio de la misma por parte de los Ayuntamientos, por lo que obligará al Propietario vendedor a solicitar primero en la vía administrativa y, en su caso, con el auxilio judicial su devolución.

Este Bufete ha creado para sus clientes un departamento especializado a fin de ofrecer el servicio de reclamación extrajudicial y judicial de los importes que se tengan que pagar o retornar por este impuesto.

Igualmente se ha diseñado un protocolo sencillo de reclamación con una provisión de fondos inicial mínima, y dejando el resto a un tanto por ciento sobre los resultados obtenidos, siendo el estudio y su viabilidad gratuitos.

Si se encuentra Usted en este caso, y está interesado en que lo estudiemos, contacte con este Bufete, que le informará telefónicamente, y en su caso le dará cita para llevar adelante su tema.

Juan Puig-Fontanals
Abogado

CLÁUSULA SUELO: INTERESES Y GASTOS DE CONSTITUCIÓN HIPOTECA

Clausula del suelo

 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su momento, y recientemente  nuestro Tribunal Supremo, establecen que son reclamables todos los intereses satisfechos por aplicación de la cláusula suelo y que hayan sido abonados indebidamente por los consumidores españoles desde el inicio de la hipoteca, por entender que es una cláusula abusiva.

Además se ha añadido la posibilidad de reclamar conjuntamente los gastos de constitución de la Hipoteca, Notario, Registro e Impuesto de actos jurídicos documentados y Gestoría.

Pese a la rotundidad de las Sentencias, no cabe esperar el cumplimiento voluntario de la misma en este extremo por los bancos y cajas españoles, por lo que obligará al consumidor a solicitar el auxilio judicial.

Ya hasta ahora, en las reclamaciones extrajudiciales en los Bancos y Cajas, se obtenía la supresión de la cláusula suelo, y la fijación de una nueva cuota, pero NO la devolución de los intereses indebidamente cobrados.

Este Bufete ha creado para sus clientes un departamento especializado a fin de ofrecer el servicio de reclamación judicial a Bancos y Cajas, de los intereses indebidamente pagados con ocasión de la cláusula suelo desde el inicio de la hipoteca, y de los gastos de constitución de la hipoteca.

Igualmente se ha diseñado un protocolo sencillo de reclamación, con una Provisión de Fondos inicial mínima, y dejando el resto a un tanto por ciento sobre los resultados obtenidos, siendo el estudio de la hipoteca, cláusula suelo, y su viabilidad, gratuitos.

Si se encuentra Ud. en este caso, y está interesado en que lo estudiemos y lo llevemos adelante, contacte con este Bufete, Abogada coordinadora Dña. Gemma León, quien gustosamente le informará telefónicamente, y en su caso le dará cita para llevar adelante su tema.

 

Juan Puig Fontanals
Abogado

Encuentro Bufetes Abogados Externalizados ARAG

El pasado día quince de abril tuvo lugar en el Hotel H10 Marina el IV Encuentro Bufetes Abogados Externalizados ARAG.

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Los Encuentros de Bufetes Externalizados de ARAG pretenden ser un punto de encuentro en los que intercambiar experiencias, trabajar en equipo y comunicar las principales novedades de la compañía.

En este evento se premió  el artículo del Abogado Juan Puig Fontanals publicado en el Blog digital de la Compañía ARAG sobre  La revalorización de los inmuebles urbanos a través de la ruina económica del edificio, con extinción de los contratos de arrendamiento sujetos a prórroga forzosa (indefinidos )y que se puede consultar en nuestra web clicando el enlace adjunto.

Felicidades Juan!

CONTRATOS BOYER Y SU TERMINACIÓN

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El Tribunal Supremo parece decidido a poner fin a todos los contratos de arrendamiento con prórroga forzosa, vulgarmente conocidos como “indefinidos”.

Esta vez le ha tocado a los contratos de arrendamiento de locales de negocio realizados al amparo de la Ley Boyer de 1985, sujetos a prórroga forzosa, ya sea el inquilino persona física o jurídica.

La novedosa sentencia del Tribunal Supremo de 12/03/15 resuelve que, a dichos contratos, se les aplicará la disposición transitoria tercera de la LAU de 1994, cuando menos en cuanto a su duración y terminación, y dice:

“Los contratos de arrendamiento en local de negocio celebrados antes de la entrada en vigor de la LAU del 1994, pero a partir del 1 de mayo del 1985, y sujetos a prórroga forzosa, se rigen en cuanto a su duración por la disposición transitoria tercera de dicha Ley”.

En aplicación de esta doctrina, cuando el arrendatario sea una persona física, el contrato se extinguirá a su jubilación o fallecimiento, salvo que se subrogue el conyuge y continúe con la actividad, no permitiéndose ya por razones de índole temporal la subrogación de los hijos.

Caso de que el arrendatario sea una persona jurídica, el contrato durará un plazo máximo de 20 años desde la entrada en vigor de la LAU del 1994, es decir que los citados contratos terminaron en diciembre de 2014.

Si aun así continúan, están en tácita reconducción mes a mes si la renta se paga mensualmente, siendo suficiente un requerimiento-burofax remitido con 30 días de antelación dando por finalizado el contrato para proceder a su rescisión.

En cuanto a todo lo demás, la doctrina indica, que se estará a lo dispuesto en la tantas veces mentada disposición transitoria tercera ante la LAU del 1994, que se aplicará a dichos contratos en toda su extensión.