13 febrero 2026
La situación de la vivienda en España refleja una injusticia profunda. Mientras millones de personas tienen dificultades para acceder a un hogar digno, el Estado sigue sin desarrollar un parque suficiente de vivienda pública y opta por trasladar el problema a la propiedad privada.
Durante décadas no se ha apostado por una política estructural de vivienda pública en alquiler. En lugar de construir y mantener vivienda accesible, se vendió o privatizó, generando un mercado tensionado y precios inasumibles para gran parte de la población.
Ante esta falta de planificación, la respuesta política no ha sido asumir responsabilidades sino intervenir sobre los propietarios privados: límites al alquiler, cargas fiscales y penalización de la posesión de viviendas. Se responsabiliza así a pequeños y medianos propietarios de un problema que es estructural y político.
La solución pasa por inversión pública, construcción masiva de vivienda pública y una gestión eficiente. El derecho a la vivienda debe garantizarse con políticas públicas, no trasladando esa obligación a ciudadanos propietarios.
Juan Puig-Fontanals
Abogado